Licitaciones Abiertas para Proyecto de Asentamiento Sensible en Cisjordania, Anuncia Israel

Desde la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este durante la guerra de Oriente Medio de 1967, Israel ha establecido aproximadamente 160 asentamientos que albergan a 700.000 judíos. Los palestinos reclaman estos territorios, junto con Gaza, para un futuro estado independiente. Actualmente, se estima que 3,3 millones de palestinos residen en la zona.

A pesar de la fuerte oposición internacional, los sucesivos gobiernos israelíes han permitido la expansión de estos asentamientos.

Sin embargo, la expansión se ha acelerado drásticamente desde el regreso al poder del Primer Ministro Benjamin Netanyahu a finales de 2022, al frente de una coalición de derecha favorable a los colonos, y con el inicio de la guerra en Gaza tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023.

Durante décadas, Israel pospuso los planes de construcción en E1 bajo presión internacional.

Muchos de sus aliados y los palestinos argumentaron que estas construcciones asestarían un duro golpe a las esperanzas de una solución de dos estados, al dividir efectivamente Cisjordania.

No obstante, el gobierno israelí actual dio luz verde a la construcción en E1 hace un año, con el propósito explícito de "borrar" la idea de un estado palestino.

A pesar de un recurso judicial presentado por palestinos beduinos que residen en la zona y por grupos pacifistas israelíes, el ministerio de vivienda ha publicado ahora una licitación para 1.234 de las 3.401 unidades de vivienda aprobadas por el gobierno israelí el pasado agosto.

Esta zona abarca aproximadamente 12 kilómetros cuadrados entre Jerusalén Este y el asentamiento de Maale Adumim.

En el momento de su presentación, el Ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, de ideología ultranacionalista y pro-asentamientos, declaró que la idea de un estado palestino "estaba siendo borrada".

La fecha límite para la presentación de ofertas es el 19 de octubre, pocos días antes de las elecciones generales de Israel el 27 de octubre. Esto permitiría al gobierno firmar acuerdos con los contratistas, dificultando su cancelación por parte de un futuro gobierno.